En Estados Unidos no existe un órgano centralizado que regule las elecciones. Cada estado tiene la autoridad para administrar sus propios sistemas electorales y resguardar, en coordinación con las agencias federales de seguridad, la integridad de los comicios.
La Constitución estadounidense establece un sistema de elección indirecta del presidente y vicepresidente, a través del Colegio Electoral y, básicamente, deja en manos de ese grupo de 538 personas el resultado de las elecciones.
El proceso fue delineado en la XII enmienda de la Constitución de 1804: los miembros del Colegio Electoral de cada estado se reúnen y votan por el presidente y vicepresidente. Esos resultados son enviados al Senado y los Archivos Nacionales y, finalmente, el Congreso certifica y anuncia la fórmula presidencial electa que debe ser juramentada al mediodía del 20 de enero.
Los padres fundadores consideraron que el uso de los electores evitaría «elecciones corruptas» y «perpetuaría» como «pura y libre» la selección del presidente de Estados Unidos.
¿Qué pasa si se comprueba que hubo fraude?
Un juez estatal puede determinar, basado en evidencias presentadas por el o los demandantes, que hubo fraude electoral en su estado.
Los candidatos tienen, por ley, el derecho de pedir recuentos y presentar querellas si consideran que hubo irregularidades.
Veamos el ejemplo de la ciudad de Miami en 1997.
Durante las elecciones de alcalde (Carrollo versus Suárez), se demostró que miles de boletas por correo habían sido forjadas. El caso fue presentado ante la Corte del XI Distrito de Florida, donde el juez determinó que la integridad de la votación fue afectada. Como resultado, se ordenó realizar una nueva elección en los siguientes sesenta días.
Pero la repetición de los comicios no ocurrió. Una corte de apelaciones recomendó que fueran descartadas todas las boletas de voto ausente por correo y se certificara al ganador basado en las boletas regulares. Y así pasó.
¿Pueden convocarse nuevas elecciones por evidencia de fraude?
Nunca ha ocurrido en una elección presidencial. Expertos coinciden en que rehacer una elección en todo el país es bastante improbable, debido a que debería ser una decisión de la Corte Suprema, basada en evidencias de fraude generalizado.
Joshua Douglas, abogado experto en elecciones y en la Constitución norteamericana, establece que a nivel de cada estado, «si el margen de victoria es más alto que el de votos fraudulentos, se puede certificar al ganador porque los votos fraudulentos básicamente no cambiarían el resultado».
El papel del Departamento de Justicia
El Departamento Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) tiene jurisdicción para investigar, «y cuando corresponda», procesar fraude electoral, según establece un documento oficial.
La política de larga data ha sido contener tales investigaciones hasta que los funcionarios electorales de cada estado certifiquen sus resultados, para garantizar que no exista interferencia del gobierno federal.
Según DOJ, pueden generarse investigaciones de presunto fraude debido, entre otras cosas, a:
- delitos por parte de funcionarios electorales que, actuando «bajo apariencia legal», mezclan papeletas válidas con papeletas inválidas,
- uso indebido o intrusión no autorizada de un sistema tecnológico, en conexión con una elección
- registro de votantes o votar en una elección federal, sin cumplir con los requisitos legales.
El FBI establece que un delito electoral se convierte en un delito federal cuando ocurre una o más de las siguientes opciones:
- los funcionarios encargados de la elección o del lugar de votación abusan de su autoridad
- hay evidencia de registros electorales falsos
- el delito se comete «intencionalmente» contra grupos minoritarios
- violación de las leyes federales de financiamiento de campañas políticas.
Por ley, el Departamento de Seguridad Nacional también debe velar por la seguridad de los procesos electorales antes, durante y después de los comicios.
Una de las agencias a cargo, la de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés) establece que los sistemas y procesos utilizados por los estados para tabular los votos y certificar los resultados «están protegidos por diversas garantías».
Las elecciones de 2020
El presidente y candidato republicano Donald Trump se asigna la victoria (a pesar de que las proyecciones no lo aventajan) y declaró un presunto fraude, sin presentar evidencias concretas.
El mandatario preveía «el fraude más grande de la historia», incluso antes de las elecciones, debido al voto por correo, altamente utilizado durante los comicios por la pandemia.
Su campaña ha interpuesto demandas ante varias cortes estatales, alegando irregularidades, pero en su mayoría han sido desestimadas por los jueces.
Varios funcionarios electorales han desacreditado las denuncias de presunto fraude. El director de CISA presentó un comunicado que califica las elecciones de 2020 como las «más seguras de la historia» del país, pero Trump lo consideró «altamente inexacto» y despidió al funcionario.
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